Luego de la clase en relación al Simce, con nuestro grupo se generó la siguiente reflexión. Nos hemos dado cuenta de que el Simce no se trata solamente una simple prueba. Es en realidad un pilar básico de nuestro sistema educativo y que se ha configurado, lamentablemente, bajo una lógica de mercado.
Este método de evaluación cumple con un rol dentro de la educación y por ende tiene diversas consecuencias tanto para las escuelas como para los estudiantes de nuestro país. El simce funciona como un instrumento esencial dentro de este mercado, en que, al evaluar los resultados de aprendizaje de los niños, es posible obtener un indicador de la productividad de las escuela, de modo que las familias puedan elegir entre “las mejores escuelas” para sus hijos. En el fondo, se entrega a los clientes la información de los productos: “buena educación” o “mala educación”, y así escoger entre proveedores de mejor o peor calidad.
Claro, existe la utopía de que las escuelas, de manera racional recibirán su puntaje para reflexionar y mejorar, pero no. El problema de las escuelas, en la realidad, no es exactamente preocuparse de los puntajes de los propios alumnos y verificar que es lo que está ocurriendo con ellos y su aprendizaje, lo que en verdad hacen es preocuparse de la competencia con la escuela de al lado. En el fondo, bajo la lógica de competencia, el Simce se convierte en el foco y se produce un estrechamiento curricular. La escuela se vende. Es el marketing en relación al simce. Se trata en realidad de una vil guía para el mercado y no de un instrumento pedagógico.
Es imposible que una medición estandarizada llegue a reflejar realmente la efectividad y calidad de una escuela. Los factores implicados son múltiples y no solo tienen que ver con lo que la escuela haya hecho o no. Entonces, decirle a la familia que mire el semáforo de Lavin para ver la calidad de la escuela es algo sumamente erróneo.
El ranking simboliza la inequidad, no es objetivo. El simce genera la inequidad ya que el Estado avala la competencia haciendo un instrumento que crea diferencias. Así, celebra la victoria de algunos establecimientos que reafirman legitimidad en políticas de discriminación, selección, y entrenamiento de niños, y castiga a las escuelas que reciben a los que tienen mayor dificultad ante la prueba. Se responsabiliza a las escuela y se les obliga a seleccionar a los niños que rinden y dejar fuera a los que no.
Esta política refleja una visión de control estatal de lo que ocurre en la escuela, conservadora del curriculum, definida desde un grupo pequeño que dice que es lo que debe hacer la escuela, desconfiando profundamente de los profesores y sus habilidades.
Los cambios necesarios son procesos de mejoramiento a largo plazo, no se pueden lograr desde la medición. Si los profesores son evaluados en relación a puntos, todo el aprendizaje se enfoca necesariamente en lo que la prueba mide, en vez de preocuparse de la calidad de la educación y se reduce a una presión técnica y burocrática a las escuelas en un sentido gerencial para que compitan unas con otras.
Es el sistema de rendición de cuentas como nicho de lucro, donde, para regularlo, se el lucra también en la evaluación. Importantes intereses sociales defienden los sistemas de evaluación porque son la base de enriquecimiento de personas e instituciones que dependen de la mala calidad de la enseñanza. Mientras peor sea la calidad de la educación, más inversión en instrumentos técnicos, en medición estandarizada que supuestamente “orienta a mejorarla”. Se desea que sea mala, porque así se siguen promoviendo sus recetas de mejora que no son un remedio eficaz, sino peor, parte de la enfermedad, e incluso, la causa de ella.
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